La ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, representa una de las mayores crisis en las relaciones internacionales de Latinoamérica en los últimos años. Ya recordábamos el gobierno de Olaya Herrera cuando lidió el conflicto fronterizo con Perú, que terminó con la suscripción del Tratado Lozano-Salomón. Ahora, con el combate frontal a la guerrilla, de manera irrefutable el conflicto armado traspasó las fronteras nacionales, cuya dureza se convierte ya en un asunto de desestabilización regional. Resulta difícil entonces cristalizar los argumentos jurídicos y políticos que arguyen Colombia, Ecuador, y en últimas Venezuela sobre esta crisis.
Si bien el gobierno colombiano invocó el derecho inmanente a la legítima defensa, consagrado en el art. 51 de la Carta de Naciones Unidas, su acción quebró los principios contenidos en la Carta de la OEA, cuando en ocasión de un combate anti guerrilla, se violó la soberanía, la integridad territorial, y el respeto a la personalidad del Ecuador. Esta disyuntiva de la rigidez normativa internacional, demuestra que Colombia, debería dinamizar la aplicación de las disposiciones de la Resolución 1373/2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, en virtud de cual se establecen compromisos para la complementación de la cooperación para prevenir y reprimir actos terroristas. Asimismo, no se utilizó este instrumento con oportunidad y constancia para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, cuando grupos terroristas se asientan en las fronteras. Una discusión de quién tuvo o no la razón, resulta desgastante para un asunto que debió asumirse como un serio tema de seguridad binacional. Los espacios propiciados en la Combifron, resultaron inoperantes o tal vez carentes del necesario entendimiento; haciendo memoria del constante rifirrafe entre Colombia y Ecuador sobre el tema de las fumigaciones.
Frente a estos acontecimientos, Venezuela asumió mal el principio de la seguridad colectiva, previsto en la Carta de la OEA, al sugerir que la agresión a un Estado americano constituía una agresión a todos los demás Estados americanos. Incitar a una guerra y extenderla al sistema interamericano es en verdad poco probable y causa hilaridad. Más bien, la inquietud de Caracas con sus declaraciones explosivas, poniendo término definitivo a la misión de Colombia en Venezuela, obedece evidentemente a las declaraciones explicadas por el Comandante de la Policía colombiana. De la misma forma, Ecuador no admitió las imputaciones de Colombia, incitando a una ruptura de relaciones diplomáticas, que deja en vilo las relaciones comerciales binacionales e intrarregionales de la CAN.
Oportuno es que activadas las alarmas en la OEA, la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, mediante resolución, plasme la sensibilidad del conflicto armado colombiano, haciendo observancia de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, con el propósito de diseñar un plan que comprometa a los Estados Miembros involucrados a la cooperación de los delitos transnacionales. Inicialmente es la OEA, como acuerdo regional, y no la ONU, quien tiene la potestad más inmediata para prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución de esta controversia.
Por su parte al gobierno le resta conjurar la crisis con la concurrencia de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde la diplomacia profesional y de alto nivel, merme la contención actual, que tanto daño ocasiona a los valores democráticos de los pueblos hermanos.
