Haití: la camándula ajena del mundo

Antes del terremoto en Haití, pocos sabían que su capital era Puerto Príncipe; que quedaba al lado de República Dominicana y conformaban la histórica "Española", la de periplos descubridores por Cristóbal Colón en el Caribe. Con Toussaint-Louverture, el prócer libertador de Haití, la primera colonia de esclavos es liberta y rompe las ataduras de la regencia conquistadora, ahora se saluda con Marshall para un plan de reconstrucción; ya no por la guerra, como por los penosos desdenes que por años la ha convertido en el país más pobre del Hemisferio Occidental.

El "Plan Marshall" para la Isla del Gran Caribe, gana indulgencias con camándula ajena. Luego de la devastadora tragedia el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, llamó a sus pares de EE.UU. y Brasil para liderar una conferencia internacional para la reconstrucción de Haití. Pasado los días, en República Dominicana se ofició una reunión extraordinaria a la cabeza del presidente haitiano René Préval, y así testimonear lo sucedido para demandar la ayuda estructural ante los demás países caribeños. Le valió a Sarkozy la unión francófona de algunas naciones caribeñas y así alimentar la cultura pro-Haití alrededor del mundo. La francofonía en el mundo opera como especie de cultura asociativa y solidaria, algo similar con las mancomunidades post-coloniales.

No bastó esto para que el mutilateralismo quisiera formular estrategias para paliar la tragedia. La Décimo Quinta Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) que sesionó en Cartagena, pasó desapercibida. Colombia aprovechó de sopetón un liderazgo que no ejercita en virtud de su política exterior hacia el Gran Caribe; y necesitó de las circunstancias para que sólo demostrara junto con los demás Estados Miembros su intención mediante una declaración de "solidaridad" y "llamado a la acción". El CARICOM pasó de saludo a la bandera, y más tarde en Davos, Colombia presentaba la iniciativa sobre un fondo común para Haití, como posición latinoamericana. Pensar que por estos días también en Quito, Unasur se sentó con Préval para buscar soluciones de ayuda económica a corto y largo plazo.

La ayuda humanitaria, atisbado por muchos como la "intervención" para ocupar la Isla, no tiene asidero. Que se trató de un "terremoto experimental" o que la ayuda facilitó la ocupación militar estadounidense, no pasan de ser historias oscurantistas. Haití ha estado ocupada, si se quiere, por fuerzas multinacionales desde 2004, cuyo mandato de la MINUSTAH es mantener el entorno seguro y estable, apoyar el proceso político, y los derechos humanos. Todo después de haber luchado contra el golpe de Aristide, inmerso en un desorden político-administrativo; en una fatal anarquía.

Ya casi a un mes del temblor, se cuestionan ciertos puntos del cumplimiento del mandato en el tiempo; mandato inconcluso y sus objetivos de mejora aparente. Falta esperar los resultados al llamado a la acción, y cómo se resolverán de manera estructural los desafíos que en el futuro no sólo acucia a los haitianos, sino a la comunidad internacional.

21 de Septiembre "Día Internacional de la Paz"

A nivel mundial, todos los 21 de septiembre, se conmemora el día Internacional de la Paz. Dicha costumbre, tiene su génesis en el año 1981, a través de la Resolución 36/67 de la Asamblea General de Naciones Unidas, por la cual declaró que el día de la apertura de su período ordinario de sesiones en septiembre sería «proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, y dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos».

Años más tarde, el 7 de Septiembre de 2001, mediante Res. 55/282 (AG/ONU) se decidió que, a partir del año 2002, el Día Internacional de la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha que se señalará a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz . Así se declaró que «el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese Día».

La resolución citada, también invitó a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales a conmemorar de manera adecuada el Día Internacional de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial.

Sobre estos lineamientos, y a modo de reflección, entiendo que el concepto de paz no debe limitarse a los términos que surgen de las resoluciones citadas. En efecto, lograr la paz social, entendida ésta como objetivo último de derecho y la política en su acepción ética más pura, conlleva un algo más que la mera ausencia de conflicto. La noción de paz, como idea del derecho, es por naturaleza una situación que debe tender a mantenerse duradera en el tiempo; por ello, no es equivocado afirmar, que en realidad, desde lo lingüístico, puede caracterizarse como un estado que, como dijimos, debe definirse por su faz positiva y no simplemente negativa, esto es, como la mera ausencia de conflicto.

De esta forma, se observa que no puede darse el estado de paz sin orden, pero que por el contrario, es posible el establecimiento del orden prescindiendo de la noción de paz. Ello es así porque el orden es concebido como una simple relación armónica entre las cosas, que ubicadas en el lugar que "les es" asignado, y por ende -bajo esta lógica- "les corresponde", tiene por resultado la mera ausencia de conflicto. Esta imposición del status quo que permite su establecimiento por ciertas y determinadas entidades -individuales o grupales-, comete el gran pecado del jurista al consagrar la forma al fondo, subvertiendo al medio en un fin en sí mismo.

En una correcta apreciación del orden, consagrado a la idea de paz, es la primera condición material esencial para el establecimiento del estado de paz, siempre y cuando el mismo sea el producto de una primera regla: el imperio de la ley. El orden no puede derivar del imperio de la fuerza, como manifestación material y personal del poder, porque así planteado el asunto, la consecuencia de su ejercicio deriva en arbitrariedad, y nada más contradictorio que pretender el establecimiento de un orden al margen de ciertas reglas que establezcan aquellas asignaciones y correspondencias de las que hablábamos antes y que puedan, de esta forma ser conocidas y, por ende, ser parte de las previsiones de los destinatarios de aquél orden inicial, con el único objeto de que todos de alguna u otra manera, participen del mismo; pues de lo contrario, la efectividad de aquel pendería de un hilo tan delgado como lo es la misma naturaleza humana determinada por la constante lucha interna entre las ansias de "poder ser" y los condicionamientos que nos revela el "deber ser".

Esta naturaleza humana es la que debe responder al interrogante que representa el contenido, la sustancia, de aquel orden nacido bajo el precepto del rule of law, que no es otro que aquel que permite el desarrollo del hombre en plenitud, sin más condicionamientos que aquellos que la ley, en razón de la protección de intereses de igual o mayor jerarquía, establece, en definitiva, en beneficio del mantenimiento del mismo status que es condición del goce de sus frutos, es decir, los derechos elementales de la persona humana.

En otras palabras, y a modo de síntesis, el verdadero estado de paz social al cual debemos aspirar como integrantes del grupo que tomemos como referencia para el análisis, debe ser considerado como aquel estado de orden en el cual, siendo el imperio de la ley su presupuesto esencial, se dan todas las condiciones materiales e inmateriales que le permiten al ser humano el desarrollo pleno de su personalidad, el disfrute de los derechos elementales que le son inherentes y, en definitiva, la posibilidad real y efectiva de buscar y lograr, en condiciones de igualdad y sin discriminaciones de ninguna especie, su felicidad por medios legítimos.

En fin, una vida sin felicidad es una mera forma....

Honduras: cuartelazo anónimo

¡Pensar que ya habíamos superado el ambiente que narraban aquellos cuentos cortos las prosapias de los líderes de las repúblicas bananeras, su corrupción y los vaivenes para mantener unida la gesta dictatorial de esos tiempos! Pero como si tratase de una remembranza de narraciones costumbristas, la semana pasada presenciamos la odisea del presidente de Honduras cuando sacado en pijama de su residencia, militares encapuchados lo expulsaron del país con fines bastante contundentes. Que la anterior escena se clasifique como un golpe de estado, no cabe la menor duda, aunque por el momento no se conozca quién dispuso la orden, quién la recibió, y cuántas personas estuvieron involucradas, fueron militares quienes derrocaron al presidente; y eso, técnica y políticamente es un golpe de estado, tal cuartelazo anónimo.

La sucesión forzada que devino a la crisis tras las controversias entre el Ejecutivo y los jueces hondureños sobre la legalidad de la consulta para autorizar una “cuarta urna”, no justifica que un presidente elegido por el pueblo y constitucionalmente refrendado, sea depuesto como paria y así deportado sin garantías al debido proceso. La consulta convocada por Zelaya no buscaba autorizar la reelección como de manera equívoca muchos analistas y prensa se acuciaron a titular. Zelaya pretendía consultar al pueblo sobre una “cuarta urna” en las próximas elecciones de noviembre, para evaluar la viabilidad de una Asamblea Constituyente. Entre las reformas que se pretendían efectuar, si esa Asamblea prosperaba, era la reelección, pero algo muy distinto es que mediante la “encuesta” –patentemente inconstitucional – se permitiera directamente el nuevo periodo.

Es cierto que el presidente Zelaya desacató varias decisiones judiciales, y el Congreso Nacional lo desaprobó por abuso administrativo. Sin embargo, sería inconcebible pensar que algún civil y menos aun que algún Jefe de Estado, sea requerido por una Corte que autorice su aprehensión incluyendo su exilio, sin que surta paralelamente un proceso ordinario por los injustos que se hayan podido cometer. Sobre este último en particular obedecen las condenas que la comunidad y organismos internacionales han declarado abiertamente en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

A pesar de la condena, el gobierno de Micheletti de manera maratónica ha tratado conseguir reconocimiento internacional, destituyendo agentes diplomáticos, cual tarea parecida al ajetreo legislativo que estuvo acostumbrado como presidente del Congreso. Tarea que no deja de ser obstinada y obtusa pretender un reconocimiento por parte de otros Estados y de organismos como la ONU, la OEA, la Unión Europea, BID, y los grupos subregionales, máxime cuando éstos mediante resoluciones y directivas ya han dejado por sentado su rechazo al golpe.

Por su parte, en la OEA, a la espera de los resultados de la visita del Secretario General a Tegucigalpa, es muy difícil encontrar un escenario en el que el gobierno interino reconozca sus desaciertos en tanto que quebrantó todos los principios del organismo. Se desemboca así una posibilidad corolaria de todo el panorama: una expulsión de Honduras de la OEA, vencido el término de 72 horas, hasta que se restituya el presidente Zelaya, o se celebren las nuevas elecciones en noviembre.

Así las cosas, la comunidad internacional no asfixia al gobierno provisional, más bien no perdona un retroceso en el que tantas conquistas por la democracia se han batallado, y no permite una ruptura del orden constitucional vigente de un país que tanta sangre derramó por causa del intervencionismo y los juegos de poder en la región.

Un mensaje de esperanza

Hoy 31 de marzo de 2009, ha fallecido Raúl Ricardo Alfonsín, ex presidente, líder de la reinstauración de la Democracia en la República Argentina; por ello, y debido al espíritu demócrata que se encuentra en las bases de creación de este blog, me tomo licencia para escribir estas líneas.

Raúl Ricardo Alfonsín hombre de derecho, amante de la paz y gestor de la justicia, el Estado Argentino está de luto.... Ahora, seguramente, quienes te dieron la espalda en los momentos más críticos del proceso democrático novarán sus pensamientos en una intentona de lavar sus conciencias, los indiferentes intentarán resignificar tu nombre, los oportunistas lucrarán sacando provecho y ventajas de todo tipo, la Nación Argentina y, seguramente, muchos hombres y mujeres de toda América, te recordarán por siempre, más allá de los aciertos o desaciertos, por tus convicciones y valores cívicos. Desde lo personal, me quedo con un mensaje de esperanza y con el sueño de que un mundo mejor siempre es posible....

"Hay motivos, por cierto, para celebrar estos primeros veinticinco años de democracia de los argentinos.

Por la vigencia sin interrupciones de los derechos y las libertades ciudadanas y la estabilidad del régimen constitucional, con la renovación periódica de los mandatos de los representantes y gobernantes a través del ejercicio de la soberanía popular expresada en las urnas.

Por el ejercicio activo de estas libertades y derechos. Por el pluralismo extendido en las instituciones representativas de la República. Por la libertad de prensa, que generó una irreversible instalación de la opinión pública como fuerza social incuestionable. Por el fin de la impunidad para los terribles crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado.

Por el empeño y la convicción con el que, aún en las situaciones más duras, la gente alzó su voz, salió a la calle y se movilizó pacíficamente para defender sus derechos y su dignidad. Hemos ido, en síntesis, asentando los cimientos y delineando la arquitectura de nuestra convivencia buscando dejar atrás décadas de atropellos, autoritarismos, antagonismos irreductibles y frustraciones. Y no lo hicimos tan mal.

Hay motivos, entonces, para celebrar. Pero también hay razones suficientes para asumir un genuino y necesario inconformismo y evaluar con mirada crítica la realidad de la democracia que tenemos. Por las promesas incumplidas; las demandas sin respuesta, los problemas no resueltos y tantas necesidades que siguen postergadas o fenómenos que adquirieron ominosas características: las desigualdades y exclusiones sociales, la inseguridad en sus distintas formas, la marginalidad y la corrupción.

Lo que más que nada hay que comprender es que es absolutamente necesario transformar esa insatisfacción –y hasta frustración– y esa crítica en una nueva disponibilidad compartida para emprender juntos las tareas que nos esperan y que les esperan, fundamentalmente a los jóvenes que, estoy seguro, lograrán construir la Argentina de nuestros sueños.

Debemos entender definitivamente que democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también la búsqueda pertinaz de la igualdad y la distribución equitativa de la riqueza, los beneficios y las cargas sociales. Tenemos una democracia real, tangible, pero insuficiente e incompleta: es una democracia que no ha cumplido aún con algunos de sus principios fundamentales, que no ha construido aún un piso sólido que albergue e incluya a los desamparados y excluidos. Y no ha podido, tampoco, construir puentes que atraviesen la dramática fractura social provocada por la aplicación e imposición de modelos socioeconómicos regresivos.

Como dije, esta convicción viene acompañada de una invitación y un deseo esperanzado. Propongo que todos lo intentemos, con la cabeza y el corazón en el presente y la mirada hacia el futuro. Porque los argentinos hemos vivido demasiado tiempo discutiendo para atrás. Y son enormes los desafíos que nos esperan para adelante. Lo que nos obliga a comprender que existen principios y valores que siempre deben quedar fuera de cualquier competencia electoral y disputa política.

Debemos dejar de lado la añoranza, la resignación, las imputaciones recíprocas sobre responsabilidades del pasado, y reencontrarnos con una inteligente y decidida voluntad de lucha para edificar y proteger una República Democrática que debe dar sentidos de identidad a nuestro país y a todos sus habitantes.

La República Democrática que debemos construir y proteger se define por ser un Estado Soberano, un Estado de Derecho que respeta la división de poderes; que protege a los hombres y mujeres que habitan esta tierra; que garantiza la alternancia; un gobierno republicano y democrático debe tener en cuenta la diversidad y pluralidad propia de una sociedad moderna, debe reconocer y trabajar sobre las condiciones que generan y profundizan las desigualdades y exclusiones. Si niega la diversidad pervierte autoritariamente a la democracia; si niega o especula mezquinamente con la existencia de desigualdades, exclusiones e injusticias, se queda sólo con la cáscara democrática de las instituciones.

No se trata de convocatorias a la conservación ni a la restauración. Tampoco de apelar a la emoción simple y llana, llámese quimera o miedo. Por el contrario, se trata de impulsar cambios y transformaciones económicas y sociales sin repetir esquemas o enfrentamientos anacrónicos. Para ello es necesario garantizar la libre discusión y oposición, la tolerancia de las diversas ideas, el rechazo a los procedimientos violentos de la acción política, el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de una ética cívica compartida. Y es necesario fortalecer a los partidos políticos, que expresen esa diversidad y al mismo tiempo tengan la fortaleza para defender y respetar de manera genuina los valores e intereses que los animan.

Se ha dicho con razón que una democracia con características socialdemócratas puede extenderse en América latina abandonando el criterio de que es necesario destruir todo para empezar de nuevo. Similarmente, decía en el discurso del Obelisco, en aquel cierre de campaña multitudinario de octubre del ’83: “No se puede lograr que una nación crezca y se desarrolle cuando a través de la prepotencia y la violencia destruimos un día lo que hemos hecho el día anterior”. Hoy, a 25 años de aquella gesta popular, debemos reafirmar esta suerte de profesión de fe democrática que debe formar parte definitiva del patrimonio político nacional.

Las mujeres y hombres de nuestra patria, que trabajan, viven, sufren y sueñan en ella, quieren y necesitan ver esa democracia más de cerca, encarnada en sus experiencias de cada día, en la calidad material y espiritual de sus vidas, en sus relaciones cara a cara con los demás, en el trabajo y en el reposo; en la plaza pública, en la inmediatez de la calle que día a día recorren, del barrio que los alberga, en la cotidiana y a menudo olvidada vivencia de lo cercano y lo familiar y también en las nuevas formas de comunicación que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Y, sobre todo, entender que la única manera de romper la cadena generacional de la pobreza es a través de la educación.

Somos un pueblo con experiencia. Sabemos que hay caminos que nos alejan de la democracia y hay otros que la vacían de contenido y la anquilosan. También sabemos que vivir en una república es lo mejor que hemos hecho los argentinos y que sólo siendo conscientes de esa certidumbre es como podremos generar las capacidades que nos permitan superar el atraso, asegurar la libertad, alcanzar la auténtica igualdad de derechos y oportunidades y consolidar la nación argentina en la gran patria sudamericana.

Es la sociedad argentina, más allá de los gobiernos y de la mayor o menor fortuna y virtud de sus gobernantes, la protagonista y la depositaria de esta tarea de construcción permanente e inacabada de un orden político de libertades e igualdades perdurables y sustentables.

Y en esa sociedad nuestra, están los jóvenes con miles de problemas, que no pueden ser llevados a equivocaciones catastróficas. Este es, por eso, también un mensaje esperanzado a las jóvenes generaciones, que son quienes deben sacudir el cinismo, el desencanto y la inercia de repetición de las viejas antinomias y comportamientos obsoletos. Necesitaremos esa fuerza y esa voluntad, como hace 25 años la movilizamos para salir del autoritarismo y la dictadura, para construir y desarrollar la República Democrática. Para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. La tarea está en vuestras manos".

Discurso emitido por Raúl R. Alfonsín en el acto de conmemoración por los 25 años de la Democracia Argentina.

(12 de marzo de 1927 / 31 de marzo de 2009)

Distinguiendo entre razones y pasiones

En la Argentina, nuevamente nos enfrentamos a una lucha que, por naturaleza, es innata en todo ser humano; sin embargo, a menudo en nuestro medio, dicho enfrentamiento trasciende los límites propios del hombre considerado en sí mismo y termina por instalarse en las estructuras de poder de la sociedad provocando una suerte de contradicción de profundas implicancias tanto sociológicas, como políticas y jurídicas.

El reciente fallo de la Excelentísima Cámara Nacional de Casación Penal de la República Argentina por el cual se dispuso ordenar la libertad ambulatoria -por aplicación del instituto de la excarcelación- de algunos procesados por delitos de lesahumidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en Argentina, ha generado un enfrentamiento poco feliz, entre los poderes ejecutivo y judicial de la Nación. En efecto, el mencionado fallo ordenó libertad a un grupo de marinos acusados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, dos símbolos del terrorismo de Estado en la Argentina. Sin embargo, la decisión de la Sala II de la Cámara de Casación no fue unánime: los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García consideraron que el tiempo que los represores llevan tras las rejas sin condena es excesivo, por lo que resolvieron no otorgar una nueva prórroga. La ley 24.390 establece que la prisión preventiva puede durar dos años, y luego ser prorrogada. Sin embargo, para el camarista Gustavo Mitchell –quien votó en disidencia–, la gravedad de los hechos por los que están imputados, las penas elevadas contempladas para esos delitos y la posibilidad de que intenten eludir la acción de la Justicia son motivos suficientes para continuar extendiendo la prisión hasta tanto se alcance la sentencia firme. Los juicios orales a la espera de definición son pequeños desprendimientos del gran expediente que concentra las violaciones a los derechos humanos cometidas en uno de los más terribles centros de detención y torturas de la última dictadura militar. La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Concretamente, los represores están procesados por la desaparición del periodista y militante montonero Rodolfo Walsh, el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y de la madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, por el robo de bienes a detenidos-desaparecidos y por la denominada “Testimonios A” (que data del expediente cerrado en 1987, antes de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida). En todos, los plazos de sus prisiones preventivas fueron prorrogados más de una vez. Uno de los argumentos más fuertes de la resolución fue que, “en tanto no se pruebe lo contrario, los imputados son inocentes y tienen derecho a gozar de libertad” durante el transcurso del proceso, pues, “la libertad es la regla y la prisión preventiva es la excepción.” A pesar de la decisión de la Cámara, el Fiscal Federal Plée apeló el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien deberá decidir finalmente la cuestión. Por ello, actualmente los procesados continuán detenidos y el trámite de su liberación fue suspendido.

Las críticas de la resoulución judicial no se hicieron esperar. Desde diversos sectores de la sociedad civil y del Ejecutivo y Legislativo Nacional se han alzado voces en contra del fallo comentado; sin embargo, pareciera que las mismas, en la mayoría de los casos, salvo contadas excepciones, no se han detenido a realizar una análisis profundo del mismo, sino que, en la mejor de las suertes, evidencian el resultado de un impulso pasional que les imprime un cierto grado de desatino si tomamos en cuenta que han sido expresados por funcionarios del Estado Argentino en ejercicio de sus cargos. En otros casos, por suerte las manifestaciones han sido más atinadas, independientemente de su conformidad o no con el fallo bajo análisis pues son el fruto de una crítica fundada. No hay duda alguna que de ser culpables, situación que alcanzo a presumir como cierta por la historia reciente de nuestro país, merecen ser condenados a las penas que establece el Código Penal de la Nación para los delitos atribuídos. Sin embargo, ello no autoriza a manterlos privados de su libertad ambulatoria durante el transcurso de la investigación, si de acuerdo a la legislación vigente están en condiciones de recuperarla hasta el dictado de la sentencia definitiva. Pues, nos guste o no, hasta dicho estadío procesal son inocentes por los delitos que se le enrostran en causa determinada. Debe necesariamente comprenderse la naturaleza jurídica de la prisión preventiva y diferenciarla de su finalidad estríctamente política; esto es, en el primer caso, principalmente evitar que el procesado pueda darse a la fuga o entorpecer el desarrollo y progreso de la pesquisa; en cuanto a la segunda, la meta es simplemente lograr y mantener encerrado a todo aquel considero “indeseable”, sea cual fuere la causa merituada, por aquellos que ejercer directa o indirectamente el poder punitivo.

Lo que resulta innegable, es que en el fondo de la cuestión subyacen los derechos humanos como eje de conflicto. En estos tiempos, el viento que hace cobrar vida a aquella necesaria bandera que proclama verdad y justicia, pareciera soplar con fuerza, pues es agitada vigorosamente por el Gobierno de turno local, aunque unidireccionalmente, para ser más precisos. Nada novedoso para algún que otro avezado lector de la historia del hombre, pues ésta ha demostrado frecuentemente ser la resultante de situaciones que se presentan cíclicamente como superadoras de otras en las que encuentran sustento para su propia legitimación. Sólo debemos recordar que en épocas anteriores los argentinos también fuimos “derechos”, para luego, recién luego..., ser también “humanos”. El discurso en los últimos 30 años pudo haber cambiado, sus consecuencias, tristemente son las mismas. La criminología crítica ha demostrado que los bienes negativos se reparten dentro de la sociedad, de manera tal, que resulten en un beneficio capitalizable por los detentadores del poder, en especial, de aquellos que manipulan a gusto y piaccere el poder punitivo. La política de derechos humanos, de esta forma, termina subvirtiéndose en su espíritu como consecuencia de la voraz ancia vindicativa de algunos sectores más o menos radicalizados que han sabido posicionarse en las estructuras de poder que otrora combatían a sangre y fuego. Los métodos políticos han sabido ser disfrazados a través de un proceso de abstracción de sus medios. A modo de ejemplo, a nivel internacional, éste ha sido el camino de la dominación económica para disimular las antiguas formas de presión militar, o la atribución, por parte de quien tiene los medios para hacerlo, del “mote” de terrorista para aquellos que se presenten como una posible amenaza a los intereses del régimen. En el caso que comentamos, aquellos que conducen el destino de nuestras vidas, pareciera que utilizan al derecho de forma tal, que lo llevan contradicciones tan absurdas, como pretender sostener que solamente algunos hombres y mujeres son titulares de los derechos escenciales del ser humano reconocidos en los instrumentos internacionales vigentes. Esta situación ya a sido advertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios de sus pronunciamientos, al cuestionar aquellas maniobras de los gobiernos que so pretexto de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, terminan al mismo tiempo, menoscabando los derechos de quienes se presentan como pretensos o, al menos, antiguos opositores, y de esta forma, utilizan al derecho con fines exclusivamente políticos e ilegítimos. En oportunidad en que la Corte Suprema Argentina decida sobre la cuestión, veremos cómo se concilian los intereses y derechos en juego. Mientras tanto, me atrevo solamente, desde este humilde lugar, a convocar a la reflección de todos aquellos que se interesan de los temas que como el presente he traído a colación, con el único objeto de llamar a las cosas por su nombre discerniendo entre razones y pasiones.

Los intereses de MacCain

Poco se ha hablado de los intereses de la reciente visita del virtual candidato republicano a la presidencia de EE.UU. MacCain en Colombia. El denominador común en todas las visitas de la real politik es mantener unidos los lazos con aquellos aliados en la región. En Colombia, MacCain encuentra su trampolín para hablar de lucha contra el terrorismo y acuerdos comerciales (TLC). Con México, alardeó de sus conocimientos en seguridad y los beneficios del apoyo a este país, azotado por una intestina guerra narcotráfica.

En los más escondidos intereses que una visita como esta pueda significar para el Presidente Uribe, bajo el mantenimiento de la neutralidad a cualquier candidato, se oculta el desapercibido asesor del senador MacCain: Charlie Black. La inquietud suscitada en el reporte político del periódico The New York Times, avisa el trabajo del "lobista" Black en Colombia. El asesor, luego de trabajar para la firma de cabildeo BKSH & Associates, se desempeñaba en el Congreso, y el Departamento de Estado para "asuntos generales de comercio", y "asistencia extranjera para Colombia", e incluso para bloquear un supuesto embargo económico a Colombia por la situación en Derechos Humanos.

Pero, ¿qué tiene que ver un asesor con la visita, y más aún con Colombia? A los ojos de nuestra prensa nacional, sería un supernumerario de la campaña, pero el señor en mención ha estado vinculado con los procesos de cabildeo de EE.UU hacia Colombia, y lo acerca aún más como representante de la Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en el país. La Oxy opera en el campo de Caño Limón (Arauca), cuya producción promedio producía en el 2006, 28.000 barriles de petróleo diarios.

Quienes recuerden los escándalos de las multinacionales en el país, podrán testimoniar que el caso de la Chiquita Brands y su relación con los paramilitares, no es novedad y tiene serios antecedentes. La presencia de la petrolera Occidental en Colombia ha sido controversial. En el extranjero fue acusada de abusos por Derechos Humanos, y en nuestro país ya se registró un caso olvidado por intimidación a las comunidades indígenas.

Estos grupos, recuerda además el NY Times, acusaron a la compañía por complicidad en la muerte de campesinos por tener simpatías con la guerrilla, que operaba en los oleoductos y actividades de excavación de Occidental. Asimismo los han acusado por intimidar a las comunidades indígenas por la excavación en tierras ancestrales (propiedad colectiva), amén de contaminar áreas rurales.

En 1998, fuerzas armadas colombianas bombardearon Santo Domingo, corregimiento cerca del oleoducto de Occidental, matando a 18 personas. El hecho fue elevado mediante querella a la Corte Central Distrital de California, sin noticia alguna de su decisión. En su momento Occidental en comunicado de prensa, negó todas las acusaciones. Para el 2003, Occidental estuvo también involucrado en la muerte de 3 sindicalistas por sus supuestas simpatías con la guerrilla.

¿Otra Chiquita Brands trasnochada?, ¿otro caso que pasa de agache en la justicia norteamericana?, ¿otro abuso en contra de la justicia colombiana? Seguro que en la visita de MacCain nadie se percató de las relaciones de su confidente asesor y sus lazos con el país. El tema de la responsabilidad empresarial que tanto pregona el presidente Uribe en el establecimiento de la "confianza inversionista" se desgasta con los abusos de estas compañías. Vale ver en el portal electrónico de Occidental sus contribuciones corporativas en Arauca, con la creación de 34 escuelas primarias y trayendo atención médica a la población.
Doble coartada para esconder sus ambiciosas e irresponsables actuaciones, y el tráfico de influencias que trajo aquí a MacCain.

Lo que dejó la Cumbre

Como se promete en la mayoría de foros multilaterales, se esperaba que para la V Cumbre América Latina y el Caribe- Unión Europea, las conclusiones resueltas, trascendieran el papel y tuvieran un tinte menos retórico. Desde el año pasado se leía en artículos de prensa la importancia de esta serie de cumbres regulares entre ALC-UE, indicando que sería importante para el desarrollo de las relaciones económicas de la Unión Europea y también de gran valor político para América Latina, para consolidar los procesos democráticos y el crecimiento económico.
Lo que respecta a las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, es evidente que aún no se ha iniciado un proceso contundente. Se esperaba que para esta Cumbre se firmara el acuerdo; pero sólo se negoció un “acuerdo macro con flexibilidades”. Confieso, que esa denominación es poco clara, o por lo menos demuestra que luego de las diferencias entre los socios de la CAN, se consignó un punto de partida en el acuerdo. Lo que se quiere “flexibilizar”, son los pilares del acuerdo: el comercial, diálogo político, y cooperación. Además, que las asimetrías expresadas por Bolivia, y el deseo de Perú de negociar bilateralmente, no trunque el avance de los otros miembros. Estas naturales desavenencias en la CAN, deben trabajarse, ya que la política comercial de la Unión Europea es negociar por bloques. En la declaración de Lima, firmada por lo participantes, sólo se “reconfirma los objetivos comunes de efectuar un progreso sustantivo en las negociaciones durante el 2009”. Esperemos que para esas fechas, las negociaciones se maduren y se consolide un instrumento sólido para el acuerdo.

Por su parte, en la Agenda de Lima – las resoluciones sobre los temas de esta cumbre –, se enunciaron los compromisos en la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la inclusión. Asimismo, el desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y energía. La agenda sólo consignó voluntades políticas y manifiesta la conciencia sobre los asuntos que acucian al planeta, pero carece de planes de acción específicos.
Los líderes europeos, aprovecharon la visita oficial para reforzar los lazos bilaterales con los países que consideran líderes en la región. El caso de la canciller Merkel, y su visita a Colombia, permitió afianzar los temas de inversión, y apoyo a los procesos de justicia transicional. Los periodistas quisieron incluir el tema del debate político interno a la visita, atajado por el presidente Uribe, que de últimas sirvió para que la canciller manifestara su apoyo a la lucha contra el terrorismo.
La Cumbre tuvo un éxito relativo. Los temas de la agenda se desvanecían, en una región donde la pobreza es problema imperante y los temas medioambientales pujaban sobre la región amazónica, considerado el pulmón del mundo. La inserción de nuestros países en la economía mundial, mediante el mejoramiento de los intercambios comerciales, es un proceso largo y decisivo en nuestro mapa de relaciones con la comunidad internacional, especialmente con la Unión Europea, que se consolida como ejemplar actor global.